La nueva ley de Protección del Informante, o también conocida por la ley 2/2023 que obligará a tener canal de denuncias compliance interno a las empresas Españolas.
Esto es una pieza legislativa de trascendental importancia, impone una serie de responsabilidades a empresas que van más allá de las 50 personas empleadas.
Este artículo se propone ofrecer una visión exhaustiva de la Ley de Protección del Informante o Ley 2/2023 y su significado en el contexto empresarial actual. Desde sus objetivos fundamentales hasta sus impactos prácticos y los desafíos que plantea su cumplimiento de denuncias interno compliance, exploramos cómo las empresas pueden no solo acatar esta legislación, sino también utilizarla como una herramienta estratégica para promover la integridad y la transparencia en todas sus operaciones.
Esta normativa, que abarca desde aquellas sujetas a legislaciones específicas hasta entidades públicas, exige el establecimiento de un sistema interno de canal de denuncias compliance. Este sistema está diseñado para permitir que cualquier individuo relacionado con la organización pueda denunciar problemas e irregularidades de manera confidencial, marcando así un hito significativo en la configuración de prácticas éticas y legales en el mundo empresarial.
Desentrañando los Propósitos Fundamentales de la Ley 2/2023
Los objetivos clave de esta legislación son tanto proteger a los informantes como fomentar la denuncia de comportamientos no éticos o ilegales. Desde delitos penales hasta fraudes en subvenciones, la ley busca abordar una variedad de situaciones que podrían afectar la integridad de una organización. Para las empresas, la implementación de canales de denuncia internos no es simplemente un requisito legal, sino una estrategia proactiva para detectar, controlar y corregir comportamientos no deseados, fortaleciendo así la ética corporativa.
Gimeno Abogados como especialistas en la implantación de Sistemas de Gestión Compliance, abordamos preguntas frecuentes que surgen en el día a día de las empresas correspondientes al canal de denuncias.
Este artículo se sumerge en la complejidad de la Ley de Protección del Informante, explorando cómo afecta directamente las dinámicas internas de las empresas. Destacamos la relevancia crítica del cumplimiento de sus requisitos no solo como una medida legal, sino como una estrategia fundamental para evitar sanciones, fomentar una cultura empresarial ética y transparente, y fortalecer la confianza tanto interna como externamente.
Requisitos para tener un Sistema de Denuncias Internas compliance en tu empresa.
Para las empresas que buscan implementar un sistema de denuncias interno eficaz, es esencial comprender los requisitos mínimos necesarios para garantizar su eficacia y transparencia. Esta nueva ley de canal de denuncias interno compliance es efectiva y se tiene que llevar a cabo para empresas de más de 50 trabajadores.
Exploramos desde la protección del anonimato del denunciante hasta la necesidad de contar con un responsable que gestione el canal, junto con los plazos establecidos para responder a las denuncias.
Antes de entrar en materia debes saber las sanciones a las que puedes estar sujeto si no cumples con esta nueva normativa hasta antes del 1 de Diciembre de 2023.
Sanciones para las personas jurídicas:
- Multas de 10.000 a 50.000 euros para infracciones leves.
- Multas de 50.001 a 250.000 euros para infracciones graves.
- Multas de 250.001 a 1.000.000 euros para infracciones muy graves.
Sanciones para las personas físicas:
- Multas de 1.000 a 10.000 euros para infracciones leves.
- Multas de 10.001 a 30.000 euros para infracciones graves.
- Multas de 30.001 a 100.000 euros para infracciones muy graves.
Calificación de las infracciones
Las infracciones pueden ser:
- No implantar un canal de denuncias cuando sea obligatorio.
- No garantizar el anonimato, la confidencialidad, la seguridad y la protección del denunciante y del denunciado.
- No informar sobre el funcionamiento y el uso del canal.
- No tramitar las denuncias recibidas en el plazo establecido.
- No colaborar con las autoridades competentes en la investigación y resolución de las denuncias.
- Adoptar represalias o medidas discriminatorias contra el denunciante o el denunciado.
Además de abordar la necesidad de cumplir con la Ley de Protección del Informante, en Gimeno Abogados podemos ayudarte con este nuevo sistema para adoptar y garantizar una implementación efectiva.
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